Motín de temporeros

A mediados de julio, tras realizarse trescientos setenta test PCR y confirmarse más de una veintena de positivos en un asentamiento de inmigrantes a las afueras de la capital albaceteña, en el que vivían hasta quinientas personas, las autoridades se vieron obligadas a su desalojo. La mayoría de ellas, cerca de doscientas personas, fueron reubicadas en la Institución Ferial de Albacete (IFAB), donde permanecerían confinadas durante catorce días. Pasado este tiempo se detectó un nuevo brote de COVID-19, que obligaba a los temporeros a un nuevo confinamiento. La tensión no se hizo esperar. Después de llevar dos semanas con la movilidad restringida, sin poder ir a trabajar, algunos de los temporeros se fugaron. Otros salieron a la calle para exigir el fin de esta situación, en un motín que se prolongó durante casi cinco horas. Muchos de los temporeros habían dado negativo en las pruebas hasta tres veces y no entendían por qué no podían ir a trabajar. “Lo único que quieren es trabajar porque o trabajan o no pueden mandar dinero a sus familias, ya que la mayoría son africanos, de Senegal y Mali”, explicaba Cheikhou Cisse, portavoz del Colectivo de Apoyo al Inmigrante (Acaim). La situación fue controlada por la policía y las administraciones acordaron reubicar a los trabajadores en distintos pabellones de la ciudad, en grupos de unas veinte o veinticinco personas, lo que facilitaría el control del brote.