Migrantes esenciales

junio 19, 2021

Mientras la ciudadanía española se encontraba confinada tras la declaración del estado de alarma a causa de la COVID-19, miles de personas migrantes temporeras agrícolas eran reclutadas como “trabajadoras esenciales”. En los campos de Andalucía convergen dos colectivos migrantes. Por un lado, personas migrantes que llegaron a España en busca de trabajo y que algunos se encuentran en situación administrativa irregular; y, por otro, mujeres recolectoras de la fresa que por medio de la contratación en origen llegan desde Marruecos con un visado que las habilita a trabajar tres meses recluidas en las fincas, donde desarrollan su trabajo y tienen sus viviendas, en muchos casos extremadamente precarias. El 25 de marzo, en un esfuerzo por contener el brote de COVID-19, el Gobierno de España anunció la congelación de la contratación de trabajadores extranjeros y mantuvo el cierre de la frontera entre España y Marruecos. Las medidas significaron que solo unas siete mil trabajadoras temporales de Marruecos, de las diecinueve mil que habían obtenido visas y contratos, llegaron a las costas españolas. Muchas de ellas, al finalizar su contrato decidieron quedarse en el país para buscar un trabajo digno y poder seguir sosteniendo a sus familias en la distancia. Los temporeros llegan allí donde se necesitan manos para recoger la fruta o verdura, pero ni los empresarios ni las autoridades locales les proporcionan elementos de protección para su salud ni un alojamiento digno donde vivir. Por eso en los últimos años se han extendido los asentamientos informales. En Almería y Huelva, las viviendas son fabricadas a base de palés, cartones y plásticos en descampados entre los invernaderos donde no hay acceso a agua potable o electricidad. Entre los meses de junio y julio se provocaron diversos incendios que destruyeron las viviendas precarias y de los que se desconocen aún los perpetradores.